Es de sobra conocido que durante la Guerra Civil y al tiempo que se consolidaba en el Estado Español la dictadura del general Franco, el partido fascista español (Falange Española) fue incapaz de hegemonizar el Nuevo Estado y de llevar a la práctica sus puntos programáticos, siendo vaciada de contenido político y convertida en un instrumento más del Estado y del dictador, que en los momentos en que era necesaria se utilizaba para mantener los equilibrios entre las “familias” políticas que integraban el bando vencedor en la Guerra Civil, además de realizar funciones de encuadramiento de la clase trabajadora y de comparsa del régimen aportando su fondo “decorativo”.

El Estado español vivió su “época azul” durante los primeros años de la década de 1940, especialmente hasta 1942, y a pesar de su favorable situación, la Falange se mostró incapaz, a pesar de los esfuerzos de algunos “camisas viejas” y del propio Serrano Súñer, de convertirse en el partido vertebrador del Estado, convirtiéndose en uno de sus instrumentos, aportando una “fachada” al régimen, algunos elementos de carácter ideológico y siendo, además, un importante mecanismo de encuadramiento de la sociedad. Progresivamente, Falange fue convertida en un aparato burocrático proyectado al Estado –especialmente en sus escalones más bajos– que por su dependencia proporcionaba una base fiel al régimen, siendo el fracaso político de FET y de las JONS una clave de su propia subsistencia y de la pervivencia de la dictadura[1].

            Además del crecimiento descontrolado del partido a lo largo de 1936 y tras el Decreto de Unificación, la heterogeneidad del bando vencedor en la guerra, el sistema de equilibrios adoptado y las circunstancias políticas coyunturales que se fueron sucediendo, hay dos elementos centrales que explican la escasa implantación y poder real de la Falange: primero, el hecho de haber crecido por una Guerra Civil sin haber tenido anteriormente un amplio proceso de penetración social, como ocurrió en los casos alemanes e italiano; segundo, y en conexión con la realidad de otros partidos fascistas, que una buena parte del discurso de esos partidos y el importante componente pequeñoburgués de su afiliación, a pesar de su gran utilidad para atraer población a la causa fascista y para ejercer el control-represión de los trabajadores, no respondía a los intereses últimos de los verdaderos promotores de la destrucción de las democracias parlamentarias y del movimiento obrero y sus conquistas sociales[2].

            El tono populista y dogmático unido a un ambiguo discurso con tonos anticapitalistas, en un sentido romántico, que poco tenía que ver con las relaciones de producción imperantes en la época, contradecía en cierta medida el objetivo último, que era propiciar la aceleración de la acumulación de capitales en manos de los sectores hegemónicos de la burguesía, imponiendo una férrea disciplina social, basada en la represión de la clase trabajadora y en la atracción de algunos sectores de la pequeña burguesía.

No hubo una segunda marcha sobre Roma en 1923, el ala populista de la NSDAP fue liquidada en 1934 tras la “noche de los cuchillos largos” y en España el Decreto de Unificación inició el camino de la derrota total del radicalismo económico y social que planteaban algunos sectores falangistas mediante la absorción del partido por el Estado[3].

 En este trabajo se pretende aportar un análisis acerca del papel desempeñado por la Falange en el Archipiélago Canario y de su interpretación de la realidad política y social de las Islas en el periodo comprendido entre el final de la Guerra Civil y 1950, con el objetivo de determinar cuál era el peso político del partido y su fuerza real en la sociedad y para plantear de forma somera qué intereses y qué grupos sociales eran los hegemónicos en las Islas. También se tratará de seguir el proceso de desnaturalización del discurso falangista a lo largo de la década de los cuarenta. Este análisis cuenta con la dificultad de que el estado de conocimiento del primer franquismo en las Islas es todavía muy precario, aunque en los últimos años han ido apareciendo varias aportaciones al conocimiento de dicho periodo y de la Guerra Civil, así como al de organismos como la Falange o Acción Ciudadana[4].

Para la realización de este artículo se ha trabajado principalmente con la correspondencia cruzada entre los Jefes Provinciales de FET y de las JONS en las dos provincias canarias con la Dirección Nacional de Provincias, contenidas en la Sección de Presidencia (Secretaría General del Movimiento) del Archivo General de la Administración, con algunas memorias de los Gobernadores Civiles enviadas a la Subsecretaría de Gobernación y algunos materiales referidos a las Comisiones Gestoras conservados en el fondo de Gobernación-Interior de dicho archivo.

Esta documentación ha sido completada con materiales provenientes de los Servicios Técnicos de la Falange y con algunas informaciones de carácter general.

Tanto los partes quincenales o mensuales como la correspondencia administrativa, son fuentes que ofrecen una amplia información sobre numerosos aspectos de la sociedad, política y situación económica de las Islas y tratan temas que van desde el funcionamiento de los Servicios del partido hasta el ambiente político general, pasando por la relación de FET con los Cabildos y ayuntamientos o la situación del abastecimiento de la población.

El grueso de esta información corresponde al periodo comprendido entre 1939 y 1944, con la salvedad de 1942 en que la cantidad de material es mucho menor, años en que la cantidad y la calidad del material son mucho mayores, siendo el volumen de la correspondencia mucho más reducido y de carácter casi exclusivamente burocrático en los años siguientes, por lo que este trabajo se centrará especialmente en el periodo anterior a la desfalangistización de la dictadura, es decir, a los primeros años de la implantación de la Dictadura y a los de la Segunda Guerra Mundial, en los que todavía en el seno de la Falange algunos grupos creían que se podía alcanzar un mayor poder y aplicar el programa nacional-sindicalista.

            Son fuentes de gran interés también porque al ser materiales internos de FET expresan sin cortapisas las opiniones de las jerarquías del partido en ambas provincias sin estar mediatizadas por la censura o por el triunfalismo propio de los textos y declaraciones destinados al público en general y, también, porque en estos documentos se exponen las tensiones y enfrentamientos existentes en el seno del partido y las pugnas planteadas con el resto de autoridades y facciones que constituían los poderes.

            Esta última ventaja citada es, a su vez, su gran debilidad en la medida en que muchas de las descripciones de la realidad y numerosos informes referidos a personajes están teñidos de un fuerte componente subjetivo, al emitirse juicios marcados por la posición coyuntural del partido o del Jefe de turno, cuestiones éstas que limitan su veracidad. Además, parte de la documentación fue elaborada por algunos jerarcas, como inspectores o jefes destinados a las Islas que tenían un conocimiento bastante precario de la realidad social canaria y de los intereses enfrentados en el seno de sus fracciones hegemónicas.

Otro problema que plantea esta documentación viene dado por el origen falangista de estos materiales, que con su jerga e identificación de los enemigos bajo los términos genéricos de masón y comunista, y su supuesta crítica del caciquismo y de la “vieja política” pueden llevar a confusión y demandan una severa crítica al calor de un análisis más amplio de la formación de clase en las Islas.

Tras realizar una primera aproximación a las fuentes, se formuló una serie de premisas de partida de carácter general que sirvieron para encuadrar los problemas a tratar y que en líneas generales se reducen a cuatro:

En primer lugar se partió de la idea de que la Falange en las Islas siempre fue una organización minoritaria, con escasas simpatías reales entre los sectores dominantes de la burguesía canaria y con una muy limitada implantación en las clases populares isleñas.

En segundo lugar, se plantea que el partido, a pesar de las cuotas de poder que obtuvo y de los esfuerzos por ampliar su control político y social entre 1938 y 1943, siempre estuvo en segundo plano y en posición subordinada a los intereses de la Comandancia General y del Mando Económico, siendo su capacidad de influencia en la dirección política del archipiélago bastante limitada.

En tercer lugar, se parte de la premisa de que el proceso de vaciamiento de contenido ideológico y de burocratización de FET a lo largo de la Guerra Civil y la década de 1940 presenta características similares a las del resto del Estado, pero se vio agravado por la debilidad inicial del partido y por las restricciones que a su discurso imponía el propio desenvolvimiento tradicional de la formación social canaria y el discurso dominante de la burguesía isleña, dándose con el tiempo una acomodación e identificación al discurso dominante de esa clase social.

Por último, que el partido fue incapaz de hegemonizar la política canaria porque, al igual que en el resto de estados fascistas, su composición y discurso pequeñoburgués, plebeyo, no se ajustaba a la intención última del Nuevo Estado que era garantizar y acelerar el proceso de acumulación de capitales en manos de la gran burguesía, siendo el partido empleado como agente disciplinador de la clase obrera y como el elemento populista y “folclórico” de la Dictadura.

LA FALANGE EN CANARIAS DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL.

Los primeros núcleos falangistas surgieron a finales de 1933 y durante la primera mitad de 1934 en las Islas de La Palma y Tenerife, siendo también el año 1934 el que da inicio a la organización en Gran Canaria. Desde los primeros momentos la isla que tuvo una mayor implantación del falangismo fue La Palma, donde las características de la lucha de clases caracterizada por la influencia comunista en el movimiento obrero condujeron a una radicalización en clave fascista de las derechas muy superior a la experimentada en el resto de las Islas[5]. Hasta el inicio de la Guerra Civil la Falange no tuvo un papel relevante en la política canaria, siendo a partir de ese momento cuando se inicia su crecimiento e importancia.

Como se ha visto, en La Palma había grupos falangistas de cierta entidad mientras que en las dos islas centrales sólo se puede hablar de pequeños grupos, siendo Tenerife una isla que contaba con un grupúsculo que, según un informe del Gobernador Civil de 1938, solamente contaba con catorce afiliados, mientras que en Las Palmas un informe posterior habla de 12, cifras que parecen demasiado reducidas, pero que ilustran la situación inicial de la Falange[6].

Esta debilidad numérica motivó que la implantación de la Falange fuese mínima en las Islas, con la excepción ya reseñada de La Palma, y que tras el golpe del 18 de julio de 1936 partiese desde una situación de total debilidad respecto al resto de las derechas. Esta debilidad, además, según las fuentes, se vio agravada por la marcha al frente “de los pocos que podían constituir su solera”[7], y por la entrada en el partido de numerosos elementos procedentes de otras organizaciones derechistas, de personas sin filiación política anterior y de numerosos arribistas ansiosos de un cargo o de enriquecerse al calor de las circunstancias, además de un grupo más o menos amplio de personas que sin ser anteriormente de derechas aceptaron el estado de cosas existentes y se pusieron, según la expresión del general Queipo de Llano, el “salvavidas” que representaba la camisa azul[8].

Este crecimiento incontrolado de Falange a lo largo de los últimos meses de 1936 y durante 1937, especialmente tras el Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937 que creaba el partido único FET y de las JONS, impidió la creación de unos grupos sólidos de “Camisas Viejas” y el acceso a los escalones más altos del poder con ciertas garantías a aquellos que creían en los 26 puntos de la Falange.

Durante los 32 meses que duró la Guerra Civil, la Falange además de colaborar activamente con la autoridad militar en los asuntos políticos generales, se aplicó preferentemente en las labores de la represión de los no adeptos al golpe de estado, sin conseguir ni siquiera ser la fuerza dominante en esa tarea básica para los intereses de los enemigos de la legalidad republicana, ya que hasta el Decreto de Unificación la calle estaba dominada además de por los militares y la Falange por otra organización armada: la Institución de Acción Ciudadana, creada por la autoridad militar el 23 de julio de 1936 a modo de milicia auxiliar, que encuadraba a numerosos individuos provenientes de todas las derechas, aunque se declaraba apolítica. Acción Ciudadana tuvo un papel igual o mayor que la Falange en las tareas de delación y represión contra las personas de significación republicana o izquierdista durante los primeros meses de la Guerra Civil[9].

En 1937 la mayoría de los miembros de Acción Ciudadana ingresó en FET y de las JONS, pero el carácter “apolítico” de esa organización y su total identificación con los intereses dominantes de la burguesía canaria y de los militares debilitó aún más el papel de la Falange. En el epígrafe “Actuación de FET y de las JONS. Su vida interna” de la citada memoria que envió el Gobernador Civil de Tenerife, Vicente Sergio Orbaneja, en 1939 a la Subsecretaría de Gobernación se dice refiriéndose al año 1936 y a Acción Ciudadana que: “Vino a empeorar la situación la creación de una milicia llamada ‘Acción Ciudadana’ que si bien al principio funcionaba con espíritu cívico después creció y amparada por el General Dolla se constituyó en la antifalange”[10].

Otro factor que limitó la autonomía de la acción política del partido fue que algunos Jefes Provinciales fueron impuestos por la Comandancia General, al igual que el resto de cargos públicos, situación que implicaba una mayor subordinación de Falange a los militares y su alejamiento de los principales organismos de control social y político, creando una situación de descontento en algunos sectores falangistas.

En el “Informe sobre la situación política en Tenerife” realizado por José Guitart con fecha 11 de enero de 1940 se describe la situación política de las Islas Occidentales de la siguiente forma:

“Al estallar el Movimiento Nacional y las unidades que fueron a defender a la verdadera España, se vieron aquellos núcleos de aquella verdadera Falange, donde tantos de ellos alcanzaron la dicha de morir por ella; en tanto que en Tenerife los politicastros amparados por el célebre general Don Ángel Dolla, enemigo de Falange, se hacen dueños de la situación y pasa al Gobierno Civil de Tenerife al Teniente Coronel Don Julio Fuentes Serrano, presidente del partido de Unión Popular Agraria, quien repartió todos los cargos públicos entre sus amigos y afines políticos, ocupando hasta las secretarías de los organismos provincial e insular. Con ello se hacen pues por completo amos de la situación, prevaleciendo esta etapa hasta mediados de 1938.

Entonces surge el descontento en aquellos hombres que se echaron a la calle el 18; comienzan a regresar heridos y mutilados, sigue el robo y la rapiña de los hombres del siglo XIX y también los mismos procedimientos. A la Falange y sus hombres se le echan encima sus propios enemigos. Los politicastros pactan con los demócratas y masones, y estos son elevados a los puestos públicos –pacto (según mis informes) se llevó a cabo en el propio Gobierno Civil y en la misma Jefatura de FET y de las JONS”[11].

            Además de la situación política adversa a los intereses de los Camisas Viejas hubo una serie de factores que limitaron aún más la influencia de la Falange y minaron su prestigio social. Según la documentación consultada, estos factores eran de orden interno y se pueden resumir en cuatro: primero, la brutalidad con que los falangistas se emplearon en la represión; segundo, la corrupción generalizada existente en su seno durante estos primeros años y que se prolongó en la década siguiente en la gestión municipal y de los servicios; tercero las luchas internas existentes dentro de la Falange, tanto en el plano político como personal y en el reparto de los cargos; y cuarto, la no total adecuación con los intereses de la burguesía canaria de la retórica ‘plebeya’ de los falangistas y su programa ultranacionalista español en temas económicos y políticos, a pesar de ser un instrumento para la consecución de los objetivos generales de la clase dominante: liquidar al movimiento obrero y garantizar las condiciones de acumulación de capitales.

Antes de exponer las líneas generales de desarrollo de FET y de las JONS en el Archipiélago, es preciso preguntarse qué era la Falange en Canarias y quiénes la componían. Las fuentes consultadas no dan cifras de afiliación hasta fechas muy tardías como los años 1944, 1948 y 1949. Según la Jefatura Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en dicha provincia había 6408 militantes y 520 adheridos, mientras que en 1949 la Jefatura aportaba unos datos aproximados de 6446 militantes y 507 adheridos. En la provincia de Las Palmas, por su parte, los datos que constan ofrecen una cifra para 1948 de 10226 militantes y 1903 adheridos, mientras que en mayo de 1950 la suma de militantes y adheridos era de 12145, de los cuales sólo cotizaban 77[12].

Estas cifras indican claramente el escaso número de integrantes del partido único e informan de su escasa implantación social, que se reducía a las dos capitales provinciales, a determinadas zonas de la isla de La Palma y a algunos núcleos de población, existiendo en los demás municipios e islas reducidos núcleos u organizaciones puramente nominales y escasamente vinculadas a las jefaturas provinciales, como atestiguan repetidamente las fuentes[13].

            Si la afiliación al partido era escasa, en el plano del encuadramiento de los trabajadores –una de las principales labores encomendadas al partido, a través de las Centrales Nacional Sindicalistas– la situación no era precisamente mejor a comienzos de la década de 1940. En las islas occidentales, las cifras de afiliación a los sindicatos entre junio de 1940 y marzo de 1941 oscilaban entre 25448 y 28508 afiliados[14], mientras que en las islas orientales la situación era aún peor: en septiembre de 1940 sólo tenían encuadrados en el CNS a 8000 trabajadores –la mutual anterior al 18 de julio de 1936 encuadraba a más de 25000 obreros–[15]. La disparidad entre ambas provincias se debía a que en las islas orientales los falangistas tardaron mucho tiempo en constituir los sindicatos o las secciones de patronos y obreros, por las resistencias que encontraban y por la corrupción imperante en los mismos. Otra razón de la disparidad en la afiliación en las dos provincias puede radicar en que datos de las Canarias occidentales puedan estar algo inflados[16].

Lo que sí fue un elemento común al conjunto del Archipiélago era la escasa operatividad de los sindicatos, convertidos desde su nacimiento en “tinglados burocráticos” y en fuente de enfrentamientos entre los jefes provinciales y los delegados de Sindicatos, lo que muestra la incapacidad del partido a la hora de encuadrar a la sociedad[17].

            Como anteriormente se ha comentado, el grueso de la afiliación de Falange o FET y de las JONS, ingresó en el partido con posterioridad a las elecciones de febrero de 1936, especialmente tras el 18 de julio y tras la unificación. De esta manera FET y de las JONS quedó integrada por jóvenes y derechistas sin filiación partidista anterior radicalizados en sentido fascista: ex militantes de Acción Popular Agraria (CEDA), del partido Radical (en Tenerife Partido Republicano Tinerfeño), antiguos miembros de la Unión Patriótica de la época de la dictadura de Primo de Rivera y reducidísimos grupos carlistas, junto con militares y otros individuos impuestos por decreto. Una multitud de procedencias que daba aún más heterogeneidad y vaguedad al discurso y a la práctica del partido fascista.

            Respecto a la composición social de FET y de las JONS en Canarias, se puede afirmar que en ella había gentes de todas las clases sociales. Miembros destacados de la burguesía y representantes de la “vieja política”, trabajadores, etc. Pero se observa que la parte sustancial de la afiliación pertenece a la pequeña burguesía y a trabajadores de cuello blanco.

            Las carpetas de ceses y nombramientos de Jefes Locales ofrecen una muestra de la clase social, situación socioprofesional y trayectoria política de los individuos que ostentaban dichos cargos durante 1939-1940 y durante 1943. Aunque no aparecen representados en esos materiales todos los municipios, sí ofrecen una idea bastante aproximada de la procedencia social de los miembros de Falange. Esta información, en cierta medida, se complementa con los documentos relativos a las gestoras municipales que aportan datos sobre los concejales, su procedencia política y su situación socioprofesional.

Las profesiones que aparecen más representadas son: agricultor –pequeño propietario de tierras–, maestros, abogados, empleados, médicos, artesanos y trabajadores autónomo. Es decir, aparece sobrerrepresentada la exigua pequeña burguesía de las Islas, y se confirma, en cierta medida, la tendencia de los partidos fascistas a albergar mayoritariamente en su seno a esta clase social como base social y compañera de viaje “de la alianza entre los defensores de la propiedad, que transforma a la pequeña burguesía en ejércitos de cabos de vara encargados de disciplinar a los trabajadores”[18].

            Esta heterogeneidad social en la militancia traducía distintos intereses y provocó numerosos choques en el seno del partido que se saldaron a finales de la década de los cuarenta con la victoria de los elementos más vinculados con los intereses e ideología tradicionalmente dominante de la burguesía canaria. En la documentación consultada aparecen con bastante frecuencia enfrentamientos que expresan las líneas de tensión que existían en el partido y, en algunos casos en el conjunto de la formación social.

            Las tensiones en el interior del partido respondían principalmente a dos cuestiones: por un lado, enfrentamientos personales que traslucían luchas por el poder y reajustes en el reparto del botín político y económico; y, por otro, llamadas de atención sobre la trayectoria e intereses de algunos militantes poderosos.

En el primer caso eran habituales, a principios de la década, las acusaciones de ineptitud, corrupción, diletantismo y deseo de mantener el sueldo del partido a toda costa, lo que solían saldarse con la destitución de algunos de los implicados.

El segundo caso, que aparece documentado en los últimos años de la década de 1930, presenta caracteres más complejos por la influencia social, económica y mediática de algunos de los afiliados y se expresa no a través de cartas sino en informes políticos, como los de los dos Gobiernos Civiles de los años 1938 y 1939 o en el informe de Guitart para el caso de las Canarias Occidentales, trasluciéndose en estos textos una constante de los primeros años de la dictadura en las Islas: la pugna soterrada entre el dogmatismo de algunos falangistas y el pragmatismo y la capacidad de adaptación de la burguesía canaria a la hora de seguir copando los resortes del poder económico y social.

            En los informes se hablaba de la vida interna de la Falange y se hacía hincapié en las pervivencias del caciquismo definido como una “lacra repugnante arraigada profundamente en esta provincia” en la que “los viejos caciques mantienen intacta su cohesión, su antigua organización y su tacto de codos...”[19] poniéndose la camisa azul para asaltar los puestos directivos.

También se enfatizaba en la presencia en el partido de numerosos “rojos”, masones y rotarios, vinculados más o menos a los intereses extranjeros[20], en las críticas a los miembros de los órganos periodísticos del partido[21] y de la ineptitud de los jefes anteriores, siendo ésta la acusación más repetida en los partes e informes de las dos jefaturas provinciales.

Además de los problemas derivados de las tensiones internas, FET y de las JONS en las Islas presentaba, según el contenido de los partes, problemas graves en el funcionamiento de sus servicios y en la actitud de su militancia. Salvo contadas excepciones en los partes se habla de la falta de recursos económicos y del poco prestigio social de la organización y de “la falta de disciplina y espíritu de los afiliados”. Situación ésta que se achacaba generalmente a factores externos al propio partido.

En el plano de los recursos económicos del partido, se justificaba la situación por la mala coyuntura económica existente, por las escasas cotizaciones y, a partir de 1941, por el control ejercido por el Mando Económico sobre la economía, que privaba al partido de los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades.

En lo referido a la indisciplina y falta de espíritu militante, se planteaba que la situación era así porque las jerarquías anteriores tenían al partido en un estado de abandono y por la incapacidad de participar y dirigir la política que estaba en manos de los militares y los grupos tradicionales de poder.

También la falta de prestigio social del partido era, en general, atribuida a factores exógenos, como la obstrucción a la labor de FET y de las JONS por otros organismos, la mala situación económica y las corruptelas en el racionamiento, que según los falangistas eran injustamente atribuidas a ellos, etc. También se hacía referencia al comportamiento “denigrante” de algunos integrantes del partido y al predominio en el pasado de la ideología liberal, y en la última etapa al predominio marxista y anarcosindicalista en la clase obrera de las Islas.

            Independientemente del mayor o menor peso de los factores de orden externo o interno al partido, la situación de éste y su presencia social era bastante precaria, tal como reconocía el Jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife en el parte de junio de 1943 cuando exponía que: “Se puede afirmar que una gran parte de los afiliados desean que se les dé de baja del Partido, cosa que ellos no lo hacen por propia iniciativa por temor a las represalias que pudieran tomarse contra ellos”[22].

            La hostilidad al partido, según todos los indicios, era generalizada en la clase trabajadora de las ciudades, en numerosos miembros de la burguesía y del aparato del Estado, y se traducía en el ya aludido desprestigio de la organización, en actos de resistencia pasiva ante las cuestaciones para el Auxilio Social o la División Azul y en los rituales propios de la parafernalia falangista, en rumores que decían que el partido iba a desaparecer y en enfrentamientos más o menos abiertos con elementos de la guardia civil o de otros poderes.

            Si a grandes rasgos ésta era la situación del partido, la situación de los servicios no era mucho mejor, siendo más destacada en aquellos asuntos que no implicaban toma de decisiones a escala de dirección política. Por los partes informativos y por la prensa se puede inferir que los servicios que funcionaban con relativo éxito eran el Auxilio Social, la Sección Femenina, el Frente de Juventudes y la Delegación de Excombatientes, tanto desde el punto de vista de la organización como de su plasmación en el exterior.

            El funcionamiento de estos servicios, a pesar de su relativa buena marcha, se veía limitado, no obstante, por la escasez de recursos y, a veces, por el boicot y competencia de otras instituciones. Los servicios destinados al encuadramiento de las mujeres y los jóvenes tenían un margen de acción limitado, a pesar de las numerosas actividades desarrolladas, en tanto que la oposición de buena parte de la población a los falangistas limitaba su implantación y en cuanto que las organizaciones la iglesia –Acción Católica–, bastante arraigadas en determinados sectores de las clases medias y apoyada por parte de los sectores más pudientes de la burguesía, competían con los servicios falangistas, aunque tanto el encuadramiento efectuado por los falangistas como por los católicos tuvo escasa penetración en la clase trabajadora[23].

            Por su parte, los servicios que tenían mayores problemas para su desarrollo eran los sindicatos, educación nacional, prensa y propaganda y aquellos que hacían referencia a participación en la política municipal e insular, que se veían maniatados por su precaria situación en la relación de fuerzas del bloque dominante.

            Acerca de los sindicatos, ya se ha comentado su escasa implantación, tardía organización por la oposición de numerosos empresarios, burocratismo y tensiones entre jerarcas como factores que limitaban su funcionamiento. En este sentido hay que tener presente que las delegaciones de sindicatos tenían una muy escasa participación en los órganos de decisión económica y en organismos como las Juntas del Paro, donde la representación falangista era minoritaria. Todo esto limitaba la posibilidad de penetración en la clase trabajadora, ya de por sí hostil o al menos indiferente, y de propagación en la práctica del discurso económico y social propugnado por el partido.

            Respecto al Servicio de Educación Nacional y el SEM, se puede afirmar que durante los primeros años de la década de 1940 este servicio tuvo numerosos problemas y una muy escasa implantación. Las razones de esa situación fueron varias, destacando fundamentalmente dos: en primer lugar la dura represión que durante los años de la guerra se ejerció contra el cuerpo de docentes[24]; y, en segundo lugar, la escasa aceptación por parte de gran parte de los maestros y profesores adeptos al régimen de los postulados falangistas, ya que la influencia de la iglesia era bastante mayor[25], mientras que en la enseñanza superior se daba el caso de que en diciembre de 1940 no había ningún profesor de la Universidad de La Laguna en sus filas.

            En general los servicios se fueron asentando a medida que la dictadura se iba consolidando y la Falange iba renunciando a los 26 puntos y a su pretensión hegemónica, convirtiéndose en una maquinaria burocrática al servicio del estado.

            Si hasta ahora se ha descrito someramente cuál era la situación de FET y de las JONS durante la década de 1940, en este apartado se intentará plantear los elementos centrales de la descripción de la realidad social y política que realizaron los falangistas acerca de las Islas durante ese periodo. Para ello se partirá de la síntesis de sus principales propuestas económicas, de su análisis sobre las distintas clases sociales e instituciones y sobre la actitud de la población ante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

Antes de iniciar esta aproximación es necesario tener en cuenta que el periodo comprendido entre 1936 y 1946 constituyó el momento de liquidación del modelo de dependencia económica que caracterizó a la formación social canaria desde finales del siglo XIX, que presentaba rasgos de agotamiento en la década de 1930. Antes de la crisis de 1929, este modelo ya había sufrido una reordenación parcial tras la crisis que soportó la economía canaria con motivo de la I Guerra Mundial, que creó las bases de una escisión y confrontación entre algunos sectores de la burguesía agraria –que apoyó a Primo de Rivera y que mantuvo posiciones cercanas a Acción Popular Agraria durante la II República– y la fracción importadora-exportadora de la burguesía isleña –apoyada a su vez por miembros de la burguesía agraria–, que se manifestó abiertamente durante la etapa republicana.

El paréntesis que supuso la Guerra Civil y los años cuarenta, se puede considerar como un momento de transición entre la liquidación del modelo de dependencia anterior y el origen del modelo de desarrollo económico posterior, en el cual se reconstituyó el bloque dominante, una vez resueltas las condiciones que provocaron la crisis de hegemonía del periodo anterior, y se afirmó de nuevo la identidad de intereses entre las dos fracciones más poderosas de la burguesía canaria en torno a las reivindicaciones de las especificidades canarias: puertos francos –régimen fiscal y arancelario diferencial–, protección a la agricultura de exportación, propiedad privada del agua, internacionalización de la economía canaria, etc.

Fue en ese marco donde se desenvolvió la Falange en las Islas e intentó, al menos desde una parte de sus jerarquías, ejecutar su programa político. En términos generales, las principales aportaciones programáticas efectuadas por el partido se realizaron durante los años de la Guerra Civil y los inmediatamente posteriores a través de sus Jefes provinciales y de los Servicios Técnicos. Estas propuestas se centraban en cuestiones de ordenación económica y en análisis parciales de la sociedad isleña en los que destacaba el intento de lograr una mayor inserción de la economía canaria en el conjunto de la española y en conseguir una mayor asimilación social y cultural de las Islas.

El Archipiélago era descrito por el jefe provincial de Las Palmas y Gobernador Civil como un lugar “donde siempre ha existido un gran desvío hacia todo lo que significan directrices generales del Gobierno”[26]. Este desvío se producía por varios motivos según los jefes de Falange: primero, porque las islas habían estado históricamente abandonadas por los poderes centrales del Estado; segundo, en palabras de Sergio Orbaneja, porque: “Es una gente que ha llegado a estimar como medios legales de vida la defraudación y el contrabando [...] puede comprenderse qué difícil es arraigar en este pueblo las directrices generales de un gobierno que honradamente ha venido a gobernar”[27]; y, tercero, porque las Islas han tenido una importante vinculación con el extranjero, especialmente con Inglaterra, lo que a su vez implicaba, además de unas peculiaridades económicas, unos hábitos o costumbres sociales en las clases dominantes isleñas marcadas por la imitación de los gustos extranjeros (ingleses), aun cuando reconocían los jefes de Falange que “es visiblemente palpable que se sienten españoles y que a su modo quieren a España...”[28].

Esta percepción de la realidad conducía a la formulación de propuestas tendentes a “españolizar” Canarias. Entre las medidas sugeridas destacan las del Gobernador Civil de Las Palmas, en la memoria de 1938-1939, que recomendaba la limitación de la influencia británica y la progresiva expulsión de los residentes de ese país, argumentando que éstos al controlar gran parte de las concesiones marítimas y terrestres, de las zonas de agricultura de exportación, crear paro entre los trabajadores cualificados y “representar el interés masónico” creaban un gran percance a los intereses del país.

Estas sugerencias se hacían extensivas a la comunidad hindú y a los residentes sirios, palestinos y libaneses –porque competían con el pequeño comercio local– al igual que a los canarios que poseían la nacionalidad cubana en tanto que “no es justo que estos españoles extranjeros por su voluntad sigan compartiendo con los nacionales el pan nuestro de cada día”[29].

En esta línea, también se acusaba a los intereses extranjeros, principalmente anglosajones, de favorecer la oposición al régimen haciendo propaganda contra las potencias del Eje y contra la Falange, y por obstaculizar la labor del partido. En algunos partes y en el Informe Guitart se acusa a empleados de la Casa Hamilton, de S/C de Tenerife, de tener contactos con la masonería internacional y a la Unión Eléctrica de Canarias, de capital estadounidense, de favorecer reuniones masónicas.

Junto con estas sugerencias relativas a los extranjeros, FET a través de sus Servicios Técnicos elaboró una serie de directrices económicas en el sentido de insertar más a la economía canaria en España y de paliar los efectos de la crisis y el paro. Muchas de estas propuestas eran aceptables para algunos sectores de la burguesía, especialmente de la agraria, y se caracterizaban por su nacionalismo y por sus orientaciones de signo autárquico, que favorecidas por las circunstancias creadas por la Segunda Guerra Mundial y por la orientación económica “de intendencia” de los primeros años del régimen, prosperaron en cierta medida.

Los falangistas partían de la constatación de la vulnerable posición económica de las Islas, tanto en el plano productivo como en el comercial y definían los puntos básicos de su economía de la siguiente manera:

“Destaca, como no podía ser menos, el carácter de unidad económica perfectamente definida que es Canarias, pero unidad en un estado de desarrollo imperfecto en el que el comercio maneja más numerario que la agricultura, a pesar de ser esta la base fundamental de la riqueza del país y la industria y la manufactura aparecen olvidadas y raquíticas en un oscuro rincón, mientras el país  como decíamos, depende totalmente del exterior”.[30].

Las medidas económicas formuladas, en líneas generales, tenían como base la intensificación de la producción agraria, la reducción de importaciones del extranjero, la mayor participación de la producción isleña en el mercado peninsular y el fomento de un tejido industrial dedicado a la sustitución de importaciones.

Respecto a la ordenación agraria, pedían la realización de obras hidráulicas, la expansión de la superficie cultivada –que condujo a rendimientos decrecientes– tanto de secano como de regadío y la diversificación de los cultivos de exportación e incluso el cultivo de plantas industriales como el algodón, el kenaf, etc.

La reducción de importaciones se debía basar en la intensificación de la producción agraria, en crear industrias de bienes de consumo a partir de recursos propios y en reducir las importaciones, sustituyéndolas parcialmente por productos españoles. La inserción en el mercado español contenía una medida que atacaba a la base de la economía canaria desde el siglo XIX, los puertos francos, y se promovía reformar el sistema aduanero para facilitar la entrada en España de los frutos canarios y limitar la importación del exterior. Por último, y para paliar el paro, los Servicios Técnicos de FET promovían la realización de “obras que produzcan un inmediato rendimiento que permita cooperar a la escasa economía...”, oponiéndose a las obras de ornato que, una vez realizadas, devolverían a los trabajadores al paro.

Algunas de estas medidas de carácter autárquico –algunas totalmente disparatadas, otras irrealizables y las más al servicio de intereses particulares– fueron llevadas a cabo por los gobiernos civiles y la autoridad militar, en colaboración con instituciones creadas a tal fin, integradas no por falangistas sino por miembros destacados de la burguesía canaria.

Estas realizaciones significaron en algunos casos, como en las obras hidráulicas un importante mecanismo para la acumulación de capitales y propiciaron la creación de algunas industrias, pero en su conjunto, los años de autarquía –como en el resto del Estado– fueron catastróficos para el conjunto de la población, no sólo por la coyuntura internacional y la ineficacia de muchas de las actuaciones ejecutadas, sino también por el carácter clasista, en beneficio de unos pocos, de esas medidas, que ampliaron la explotación de la fuerza de trabajo hasta límites insospechados, desenmascarando, una vez más, los objetivos últimos de la dictadura, tan alejados de la repetida frase de “por la patria, el pan y la justicia” con la que el gobierno y su instrumento, FET, se llenaban la boca.

Las propuestas económicas antes comentadas fueron realizadas en el clima de relativa euforia para los falangistas que suponía la Guerra Civil y los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad se encargó de demostrar que ellos –unos recién llegados– no eran los llamados a dirigir la política económica y que sus propuestas sólo eran aceptadas o aplicadas parcialmente por los que verdaderamente ostentaban el poder.

En varios textos de las décadas de 1930 y 1940 se hace referencia a la burguesía como la clase que menos se había esforzado por el movimiento. Si se hace caso a los partes y a las memorias, sin tener en cuenta sus exageraciones –que en algunos casos los convierten más en listas de agravios que en documentación informativa–, se pueden observar tensiones, casi nunca sacadas a la luz pública, con miembros destacados de la burguesía local, independientemente de su fracción de clase o de su trayectoria política anterior al alzamiento militar-fascista.

Las quejas fundamentalmente eran motivadas por la influencia que ejercían algunos miembros de las “fuerzas vivas” sobre el control político y económico de la sociedad y, en pocos caso, por intentar que los falangistas tapasen algunos casos de corrupción. En el ya varias veces mencionado informe Guitart y en numerosos partes, hasta el año 1945 aproximadamente, aparece la acusación de corrupto, masón, cacique, etc, a importantes miembros del vértice de la pirámide social isleña y del ejército, por su vinculación a determinados intereses económicos, por su influencia en los Órganos decisorios –Comandancia Militar y Mando Económico–, o por enfrentamientos con organismos políticos controlados por falangistas.

Especialmente tensas eran las relaciones con determinados individuos –que se mantuvieron durante toda su vida en posiciones de privilegio–– como el Jefe de Milicias de Tenerife comandante E. Pintado, el propietario agrícola, exportador y fomentador del turismo A. Arroyo o con el consignatario de la naviera Aznar en Las Palmas, C. Martinón. En todas las quejas se acusa de antifalangismo y de tratar de mantener a toda costa los vicios de la “vieja política” de los “hombres del siglo XIX”. Ilustra la posición de los Jefes falangistas el parte de Junio de 1943 del Jefe provincial de Tenerife (José Clavero Núñez) cuando aborda el “ambiente en el partido y general político”:

Se ha dado publicidad por el Excmo. Sr. Capitán General de la Región de los nombres de los nuevos componentes de la Junta Asesora del Mando Económico. En conjunto dichos nombramientos, si bien han recaído en personas de mayor o menor prestigio personal, es lo cierto que la mayoría de ellos son la representación más completa del viejo espíritu caciquil liberal conservador o de los elementos más conocidos y destacados de las finanzas locales.

Aparte de los elementos oficiales y los indicados anteriormente, a Falange no se le ha reservado más intervención que la de la persona del Delegado Provincial de Sindicatos, cuya situación entre estos elementos será seguramente bastante desairada.

No se encuentra causa justificativa de tales designaciones, pues los puestos de esta Junta pueden muy bien ser desempeñados por comerciantes y agricultores, que sean además personas totalmente afectas al espíritu de Falange.

Estos nombramientos, más que obra personal del Excmo. Capitán General, son hechos por la camarilla que estuvo asesorando primero al difunto General Serrador y que parece continuará aconsejando al General García-Escámez, compuesta en su totalidad por personas que no han sido ni son afectas a Falange ni al Generalísimo pues no hacen más que soñar con la restauración no ya de Don Juan, sino también con la vieja política económica y social que todos ellos conocieron en su más o menos lejana juventud”[31].

Independientemente de la veracidad o no de las acusaciones a determinados individuos, la lucha por el control del poder determinó numerosos roces con los militares, especialmente con el que fuera Comandante Militar de Las Palmas y Capitán General del periodo 1939 a 1943 y primer jefe del Mando Económico, Ricardo Serrador Santés. Además de quejas de índole personal, aparecen críticas políticas de mayor alcance político, en términos de familia política y de visión de lo que debía ser el régimen.

Las quejas sobre Serrador proceden de las dos jefaturas provinciales de FET, por ejemplo en una carta manuscrita del Jefe de Las Palmas, Luis Toro Buiza, remitida al general Muñoz Grandes de octubre de 1939, donde se queja de la actitud antifalangista del general[32]. El ejemplo más duro de crítica al Capitán General es el “Informe sobre la conducta y actitud del Comandante General de Canarias” remitido el 13 de marzo de 1940 por Sergio Orbaneja al entonces Ministro de la Gobernación y “cuñadísimo”, Ramón Serrano Súñer. En ese informe se acusa a Serrador de obstrucción política a la labor del Gobernador Civil, de la mala gestión del racionamiento y de dejarse manipular por elementos alfonsinos, como Andrés de Arroyo. Las críticas fundamentales se recogen en los siguientes párrafos:

El Comandante General sigue opinando políticamente igual que se señalaba en mi anterior informe que menciono y un hijo del General Serrador, Teniente Provis, no se recata de publicar por todas partes la conveniencia de traer una Dictadura Militar para acabar con todo lo actual y desde luego con Falange. [...]

No debo dejar de señalar el disgusto con que se ve por todas las autoridades que tanto se esmeran de dar ejemplo de virtudes y austeridad en una Provincia que tanto lo necesita, la conducta moral del General Serrador que se exhibe públicamente con prostitutas y que aloja en un céntrico hotel a su amante a quien visita con todo descaro. El Excmo. e Iltmo Sr. Obispo de Tenerife, Fray Albino Menéndez-Reigada, me ha expuesto en varias ocasiones su disgusto por esto y ha manifestado su deseo de informar con respecto al mismo.

Una cosa importante para señalar es la influencia indirecta que a través del Coronel Tabernilla tiene sobre el General Serrador el conocido cacique y politiquillo Andrés Arroyo. Este individuo obra por razones bien conocidas sobre el Coronel Tabernilla que es Inspector de Instrucción y Movilización de la Comandancia General [33].

Si las relaciones con el primer Jefe del Mando Económico, eran todo menos cordiales, las relaciones con los militares mejoraron parcialmente tras la muerte de éste –que recibió un homenaje en la prensa falangista que nada tenía que ver con lo expuesto por Orbaneja en 1939 ni por J. Clavero Núñez en 1943– y el nombramiento como Capitán General del que fuera Gobernador Militar de Las Palmas, Francisco García-Escámez e Iniesta, considerado por el Jefe de Las Palmas, M. Abreu, como el “hombre que ha de resolver todos nuestros problemas actuales”[34]. A pesar de esa esperanza inicial, desde muy temprano volvieron a surgir las críticas contra el Mando Económico y durante 1945 eran muy frecuentes en los partes de la provincia de Las Palmas comentarios como que: “Se acentúa en la opinión pública la unánime repulsa a la subsistencia del Mando Económico”[35].

Curiosamente el supuesto clamor contra el Mando Económico implicaba para Falange alinearse con las opiniones de los que defendían la vuelta a un modelo de apertura económica y de retorno del régimen de Puertos Francos, provocando en el seno de Falange una contradicción más, ya que este alineamiento significaba la renuncia a ciertos postulados básicos de su programa económico y político, además del abandono definitivo de su asalto al poder.

Desde los años 1947-1948 el cambio de discurso económico de FET y de las JONS se hizo patente y en la década de 1950 éste estaba plenamente asimilado a las reivindicaciones de las demás instituciones y grupos dominantes de la sociedad canaria.

Una vez repasadas las opiniones y propuestas de las jefaturas del partido acerca de las autoridades militares y de la economía, es preciso resaltar cuál era la visión de FET acerca de la Segunda Guerra Mundial con relación a Canarias.

Al igual que en el resto de España, en Canarias FET y de las JONS fue el principal aliado y propagandista de la causa del Eje. Los medios de comunicación controlados por la Falange –Falange en Gran Canaria, Amanecer, entre 1936 y 1939, y El Día, a partir de 1940, en Tenerife– fueron los principales voceros de las consignas del partido y de la exaltación de los regímenes nazi-fascistas. En sus páginas, el elogio a Franco y a los “mártires” falangistas, la demagogia social y el apoyo al Eje, junto con la actualidad de las obras y realizaciones de las autoridades a escala local, constituían el grueso de la producción “informativa”.

En lo referido al apoyo a las dictaduras fascistas, desde los años de la Guerra Civil la prensa falangista no cesó de elogiar a los regímenes fascistas europeos y a lo largo de la Segunda Guerra Mundial esta actitud se incrementó aún más, llegando a su cenit tras la invasión de la URSS en el verano de 1941 y prosiguiendo hasta el otoño de 1943, momento en que se fue produciéndose lentamente un desmarque con respecto a la posición favorable al Eje y centrándose los comentarios en el anticomunismo y en la “original” postura española ante los acontecimientos internacionales.

A pesar de lo intenso de esa propaganda pro Eje, los resultados de la misma fueron irregulares o más bien escasos por la hostilidad o indiferencia de gran parte de la población hacia FET y porque las Islas, especialmente su burguesía comercial, estaban estrechamente vinculadas a Gran Bretaña tanto en el plano económico como cultural.

Los partes mensuales enviados por las dos jefaturas provinciales planteaban cuál era el ambiente que se vivía en el Archipiélago con relación a la guerra y en ellos se observa que las simpatías hacia el Eje no eran precisamente dominantes, y que a pesar de la propaganda el sentimiento aliadófilo se iba incrementando a medida que avanzaba el conflicto.

            Mientras que para los propagandistas de FET el inicio de la guerra mundial y las iniciales victorias germano-italianas eran la confirmación de que se abría una nueva etapa en la historia de la humanidad, que tuvo su antecedente inmediato en la Guerra Civil Española, para buena parte de la población la conflagración mundial sólo significaba más hambre, más aislamiento y el temor de que la guerra se extendiese al territorio insular.

            Durante los dos primeros años de la guerra, en los partes se transmite cierta euforia, aunque se reconoce que las manifestaciones aliadófilas eran imposibles en público, identificándose a los simpatizantes del Eje con los miembros del partido y “pueblo culto” y a los partidarios de los aliados como elementos no adictos al Movimiento. Los no adictos, según los partes eran los “marxistas y todos los exportadores, personas y empresas que tenían negocios con Inglaterra”[36]

            La actitud ante la guerra y los contenidos de los partes de las jefaturas provinciales variaron a lo largo de la misma, diferenciándose tres etapas (1939-1942, 1943 y 1944-1945) en las que se va perfilando con mayor nitidez cuál era la posición real de la población ante el conflicto y ante el partido fascista.

            En 1943, los partes de Tenerife hablan de una “reacción de los elementos rojos [...] Esta reacción es alimentada por elementos anglófilos que cuentan con una mayoría respetable en esta isla”. A la reacción de los aliadófilos se sumó en ese año una intensa ola de bulos que anunciaban la disolución de FET y de las JONS[37], mientras que en Las Palmas se reconocía que al menos la mitad de la población era favorable a la causa aliada.

            Los últimos años de la guerra presenciaron una clara actitud popular en contra del Eje que los partes ya no podían disimular, siendo un claro ejemplo el de Las Palmas de junio de 1944 donde se afirmaba que el ambiente sobre la guerra era: “En la clase poderosa y gran parte de la media, de una gran tensión aliadófila, y en la clase obrera el ambiente es puramente comunista”[38]. Siendo al año siguiente frecuentes las quejas por la falta de efectividad de la policía en las tareas represoras ante la proliferación en el otoño-invierno de 1945 de panfletos y de actividades de la oposición al régimen, como el reparto de banderas republicanas y una manifestación del PCE en Gran Canaria en pro de la Unión Nacional[39].

            En definitiva, la actitud de la población ante la conflagración mundial indicaba también cuál era la valoración que se tenía de la Falange y de su programa político, mostrando una vez más el partido su incapacidad para hegemonizar la sociedad canaria según sus principios y de copar los puestos de dirección del aparato político.

            En este breve trabajo se ha tratado de mostrar de forma somera cuál era la posición que ocupaba FET y de las JONS en la política y sociedad canaria de la década de 1940 y cuáles eran sus principales propuestas políticas. El partido fascista nació lastrado por la escasez de militantes en los primeros momentos de su existencia y por las peculiaridades de la formación social canaria, que impedían la propagación del discurso falangista en el conjunto de la sociedad.

            Las propuestas económicas falangistas no calaron en la totalidad de los sectores dominantes insulares porque se oponían en gran medida al programa tradicional de buena parte de la burguesía isleña, que consideraba el aislamiento económico y las medidas autárquicas como accidentes coyunturales, y porque los planteamientos que sí eran aceptados fueron puestos en práctica por los propios interesados con el apoyo de la autoridad militar.

            En el plano político, los falangistas se encontraron con grandes dificultades en su intento de asaltar el poder o al menos de ejercer una mayor influencia en la toma de decisiones, siendo el periodo de mayor actividad y beligerancia del partido, al igual que en el resto del Estado, el comprendido entre 1938 y 1943.

            Tanto los sectores hegemónicos de la burguesía como los militares impidieron que se produjese una sustitución de elites y coparon la gran mayoría de los cargos públicos que implicaban facultades ejecutivas, siendo la existencia del Mando Económico un obstáculo infranqueable para los falangistas en su camino hacia mayores cotas de poder. Con el tiempo lo que se produjo fue una identificación de intereses o acomodamiento –tras la derrota del Eje en 1945 y la supresión del Mando Económico en febrero de 1946– entre el partido y el “programa” de la burguesía canaria, lo que supuso la renuncia definitiva de los falangistas a su programa inicial.

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